¿Para qué sirve el 1,5% de préstamo al Estado?
El objetivo de este mecanismo será financiar un beneficio de 0,1 UF por cada año cotizado, hasta un tope de 25 años (y por ende, con tope de 2,5 UF, unos $100.000)
Ese 1,5% es un mecanismo creado para contribuir al financiamiento del Fondo Autónomo de Protección Previsional para la entrega a, jubilados actuales, del beneficio por años cotizados. Este aporte, en la práctica, se transformará en bonos de seguridad previsional, que son como una promesa del Estado de devolverte ese dinero cuando te jubiles. La devolución se realizará en 240 cuotas mensuales (20 años) cuando ya estés pensionado.
Estos bonos los emitirá una nueva institución llamada Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y quedarán guardados a tu nombre en el Depósito Central de Valores (DCV). No los podrás vender ni usar mientras estás trabajando, pero sí generarán una rentabilidad (una ganancia), que se calcula en UF y está vinculada con los bonos que ya emite el Estado y la rentabilidad que estos vayan generando.
¿Cómo se devolverá el 1,5% prestado al Estado?
Con el tiempo, estos bonos se irán acumulando y formarán un ‘macro bono’ que recibirás al momento de tu jubilación como un complemento a tu pensión. Este se te pagará en un total de 240 cuotas mensuales (durante 20 años), incluyendo todo lo que aportaste, más los reajustes e intereses generados.
Si en ese momento el FAPP no tiene suficientes recursos para pagarte, el Estado garantiza que recibirás el monto completo. Además, es responsabilidad de la Superintendencia de Pensiones revisar y asegurar de que el pago se haga como corresponde.
¿Qué es el FAPP?
El FAPP será la nueva entidad autónoma –es decir, que toma sus propias decisiones sin depender del gobierno de turno, de empresas privadas ni de otros actores externos– creada para administrar este 1,5% de cotización adicional.
Tendrá un diseño institucional parecido al que tiene el Banco Central, con patrimonio propio, independiente tanto del administrador del fondo como de quienes se adjudiquen la gestión de sus inversiones, que por ley, deberá ser licitada.
El organismo estará encabezado por un Consejo Directivo de cinco personas, cuyo ejercicio tendrá una duración de seis años máximo en algunos casos, y serán nominados por el Presidente de la República con ratificación del Senado. Además, el proceso de nombramiento deberá considerar criterios de paridad de género y diversidad técnica.
